La Corte Constitucional, en el marco del seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional para la situación de desplazamiento interno, dicta este auto en el que insta al gobierno a implementar una respuesta institucional con un enfoque de género, para las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Al analizar la situación pre y post desplazamiento, se encuentra que las mujeres víctimas de este, deben afrontar unos riesgos y barreras correspondientemente que impactan de manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por causa de su condición femenina en el marco del conflicto armado colombiano. Por lo anterior, la Corte ordena al gobierno, la creación de programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado, se establecen dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas, se dictan órdenes individuales de protección, y se comunica al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano, al constatar que la violencia sexual, es un factor generalizado que afecta a las mujeres, en el impacto del enfrentamiento armado del país
Este auto ofrece a las mujeres un instrumento jurídico en el que apoyarse para exigir a las autoridades locales y nacionales la prevención, protección, restablecimiento y reparación de sus derechos violados por desplazamiento.
Análisis
Este auto es de especial importancia, debido a que se realiza un estudio profundo sobre la situación de las mujeres y la especial vulnerabilidad que presentan en el conflicto armado, especialmente al ser víctimas de desplazamiento forzado. Se dictan ordenes que dna lugar al seguimiento y se suministra a su vez, un instrumento jurídico en el que apoyarse las mujeres, para exigir a las autoridades locales y nacionales la prevención, protección, reestablecimiento y reparación de sus derechos violados por desplazamiento.
