Ecuador recoge normas de equidad patrimonial en la década del setenta entre cónyuges, extendiéndola además a las parejas unidas por vínculo de hecho. En garantías normativas se traduce en que el consentimiento para contratos que impliquen disposición del patrimonio común en régimen de sociedad conyugal, idéntico para uniones de hecho; salvo disposición consensuada en contra; sea requisito imprescindible para perfeccionar cualquier acto contractual. El caso recogido sin ser una sentencia especialmente interesante recoge una realidad que pese a las prohibiciones aún existe. La de que el cónyuge, en este caso, conculque los derechos patrimoniales de la mujer previo a una eventual separación, vendiendo lo que en caso de un divorcio deberá dividirse. La sentencia reconoce, en contra de la pretendida apelación del demandado, la capacidad de invocar en los casos de colusión ante la Corte Superior o Provincial correspondientes; así como, incluye el criterio de que una actuación maliciosa como comparecer al perfeccionamiento de un contrato con una cédula que falseaba y ocultaba una situación fundamental para dicha comparecencia como es el estado civil real. La Corte Suprema reconoce la existencia de la colusión contra los derechos patrimoniales de la señora Goya, irrogada en su contra por parte de su cónyuge y suegros, previo a la separación de hecho que ella adopta, con el claro interés de conculcarlos.